La investigación judicial sobre la crisis de Frigorífico General Pico se ha centrado en una millonaria transferencia de fondos que habría desviado recursos esenciales en momentos de máxima fragilidad financiera. De acuerdo con la documentación incorporada al expediente del concurso preventivo, la compañía destinó alrededor de $16.500 millones a LDL, una sociedad vinculada al negocio equino y controlada por la familia Lowenstein. Este movimiento de capital se produjo justo cuando el frigorífico arrastraba deudas críticas con su cadena de proveedores, mantenía líneas de crédito al límite con entidades bancarias y necesitaba fondos desesperadamente para adquirir ganado y cubrir la nómina salarial de su personal.
El principal foco de sospecha radica en que los propietarios de la firma receptora, los Lowenstein, ocupaban al mismo tiempo cargos en la administración de Frigorífico General Pico. Esta doble condición genera un evidente conflicto de intereses, ya que los directivos autorizaron el envío de fondos hacia su propio patrimonio empresarial en desmedro de las obligaciones inmediatas de la compañía. Mientras los acreedores extendían plazos de pago y confiaban en una recuperación, el dinero se canalizaba hacia un negocio particular, lo que abre serios interrogantes sobre la legalidad de esas operaciones y el verdadero beneficio obtenido por el frigorífico.
El caso se tramita ante el juez Carlos María Iglesias, quien aún espera que las nuevas autoridades elegidas por la Asamblea de accionistas logren tomar el control efectivo de la empresa. Paralelamente, la Justicia penal avanza con una causa por presunta administración fraudulenta y balance falso, en cuyo marco ya se realizó un allanamiento en la planta de Trenel, La Pampa, donde se secuestró documentación clave. La disputa por el liderazgo de la compañía sigue abierta, y el destino de aquellos $16.500 millones se perfila como la pieza central para determinar si hubo un vaciamiento planificado o una mala gestión con consecuencias devastadoras para los acreedores.
