Docentes, no docentes y estudiantes de las universidades nacionales de todo el país comenzaron este lunes un paro general de siete días en reclamo de mayores fondos y en rechazo al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario (27.795). La medida de fuerza, que afecta a más de 1,5 millones de estudiantes, incluye la suspensión de clases, actividades administrativas y científicas.
Los gremios docentes denuncian que el ajuste presupuestario aplicado por el Ejecutivo implica una reducción real del 45,6% en los fondos para funcionamiento, salarios e inversión en infraestructura. «No podemos seguir así. Las universidades están al borde del colapso», declaró un dirigente de la Federación Universitaria Argentina. El veto a la ley, que establecía una fórmula de actualización automática de partidas, es el eje del conflicto.
El Gobierno, por su parte, sostiene que la ley era «inviable fiscalmente» y ofreció una recomposición salarial escalonada, rechazada por los sindicatos. Durante la primera jornada de paro hubo clases en muy pocas facultades, y se realizaron asambleas y ollas populares en las puertas de los principales centros de estudios. La medida podría extenderse si no hay convocatoria a una mesa de negociación. El ministro de Educación aún no se ha pronunciado.
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